UN JUZGADO DE TORRELAVEGA HA CONDENADO AL BANCO POPULAR ESPAÑOL POR SUS OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGANDOLE A DEVOLVER A SU CLIENTE EL CAPITAL INVERTIDO EN LAS MISMAS Y ANULANDO SU POSTERIOR CONVERSION EN ACCIONES QUE FUERON COMPRADAS EN JUNIO DE 2.017 POR EL BANCO SANTANDER S.A:

El fundamento de la anulación es el mismo que dio lugar a la anulación de las compras de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de las Cajas de Ahorros y también de las obligaciones convertibles del propio Banco Popular, del Sabadell o del Santander (que éste denominó engañosamente “Valores Santander”), entre otros emisores: estos productos se colocaron a los clientes ocultando que se trataba de híbridos de capital, es decir, de aportaciones al capital de la sociedad para garantizar su solvencia; son productos complejos con riesgo de pérdida de la inversión en el caso de que el emisor incurriera en crisis de solvencia y/o liquidez, como ha ocurrido con el Banco Popular; a lo que se añade que se colocaron a personas sin los conocimientos ni la experiencia financiera necesarios para poder tener conocimiento por ellos mismos de ese riesgo ni, por lo tanto, poder asumirlo.

En el Banco Santander sabían que si las víctimas de estos productos reclamaban los tribunales obligarían a reembolsar las cantidades invertidas, por lo que diseñaron una campaña para evitar las demandas: crearon lo que llamaron bonos de fidelización, que en realidad son bonos convertibles con unas condiciones aún peores que las de los “Valores Santander” en varios aspectos: son convertibles sólo si lo decide el Banco porque en principio son perpetuas; su remuneración es ridícula, sólo un 1%, muy inferior a lo que el mercado demanda para productos de este tipo, y además el Banco puede decidir libremente dejar de pagarla, a discreción; sus condiciones son tan malas que el Banco reconoce que su valor razonable es de sólo el 70% de su valor nominal, pero diversos peritos financieros afirman que es incluso inferior, por ello se desaconseja aceptar la operación.

Conviene aclarar que, en contra de lo que algunos han entendido, la intervención del Banco Popular con la consiguiente amortización de las obligaciones subordinadas no impide reclamar la nulidad de la compra sino todo lo contrario: es el evento que pone de manifiesto el error en la contratación (lo que se vendió como un producto seguro, de renta fija, sin ningún riesgo, en realidad era un producto de capital con riesgo de perder la inversión si el Banco entraba en crisis, riesgo muy elevado porque se encontraba en pésima situación financiera y los inversores institucionales no le financiaban) y, por ello, es el hecho que hace nacer la acción de nulidad por error.